LEY Y JUSTICIACDMX
Incifo se disculpa ante familia de Julio César Cervantes por donar su cuerpo a escuela de medicina sin consentimiento
Más de un año después de que Laura Cabañas Arriola denunció que el cuerpo de su hijo desaparecido fue enviado a una escuela de medicina después de ingresar sin identificar al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México (Incifo), el organismo ofreció una disculpa pública a sus padres y anunció que eliminó de sus procedimientos los trámites y convenios que permitían entregar cuerpos a universidades e instituciones educativas. Julio César Cervantes Cabañas, de 47 años y con una ligera discapacidad, desapareció el 20 de septiembre de 2021, cuando salió a una tienda. Fue localizado sin vida en la vía pública de la alcaldía Coyoacán en enero de 2024 y trasladado al Incifo, pero su madre pasó diez meses sin saber que su cuerpo había estado bajo custodia del organismo forense. Cuando finalmente logró localizarlo, ya había sido enviado a la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN). En julio de 2025, Laura Cabañas relató a Proceso que tampoco fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ni el Incifo quien le informó dónde se encontraba su hijo, sino personal del Instituto Nacional Electoral (INE). › “Nunca me avisó, ni la Fiscalía, ni el Incifo. Quien me avisó fue una persona del Instituto Nacional Electoral (INE) que tenía las huellas de mi hijo y las fue a cotejar al Incifo para ver si estaba ahí. Efectivamente, ahí estaba, ahí estuvo porque a los cinco días lo echaron para el IPN, lo donaron, lo traficaron, no entiendo”, declaró entonces. Este miércoles 26 de agosto, el Incifo ofreció una disculpa pública a Laura Cabañas y a Leobardo Cervantes Ángeles, madre y padre de Julio César, como parte del cumplimiento de la Recomendación 09/2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). El director general del organismo, Arturo Gerardo Cervantes Arroniz, reconoció el daño causado e informó que, durante la revisión y actualización del manual de procedimientos del Incifo, fueron excluidos los trámites y convenios que autorizaban entregar cuerpos de personas fallecidas a universidades e instituciones educativas con fines de docencia e investigación. La modificación ocurrió después de años en los que, de acuerdo con denuncias de familias buscadoras documentadas por Proceso, el organismo entregó cuerpos sin identificación plena a instituciones educativas. En julio de 2025, Yadira González, hermana buscadora, denunció que no se trataba de un caso aislado. “Hay una práctica sistemática de donar los cuerpos sin tener una identificación plena; tenemos la información de que se estuvieron donando por muchos años o se siguen donando desde hace muchos años cuerpos con uno, dos o tres meses de haber llegado al Incifo; incluso tenemos algunos datos de días de haberse donado”, declaró entonces. Un año después, durante el acto de disculpa, el representante legal de la familia Cervantes Cabañas, Michel Cervantes Padilla, amplió el alcance del señalamiento: indicó que 792 personas han sido donadas a instituciones académicas y planteó la pregunta de cuántas personas desaparecidas que todavía son buscadas por sus familias pudieron haber llegado al Incifo y posteriormente ser donados sus cuerpos. La propia Recomendación 09/2025 obliga a revisar precisamente los mecanismos que fallaron en el caso de Julio César. La presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, señaló que el organismo dará seguimiento a las medidas relacionadas con la trazabilidad de los cuerpos, el cruce oportuno de información ante mortem y post mortem, el fortalecimiento de registros y la comunicación entre autoridades. También deberá garantizarse, dijo, “que ningún cuerpo de persona desconocida sea destinado a fines terapéuticos, docentes o de investigación sin que antes se hayan agotado las diligencias necesarias para su identificación”. González Saravia advirtió que el alcance de la disculpa no se agota en el acto público: “Su verdadero significado será evidente en lo que pase después: en la constatación de que los compromisos se cumplen, los procedimientos se revisan cuidadosamente y las fallas detectadas no vuelven a repetirse”, afirmó. Exigen sanciones Laura Cabañas pidió cambios estructurales dentro del Incifo para garantizar la no repetición, pero también sanciones para los servidores públicos que intervinieron en la donación del cuerpo de su hijo. “Los cuerpos de las personas desaparecidas y de las no identificadas deben de ser tratados con respeto y dignidad”, expresó durante la ceremonia. La exigencia de responsabilidades ya había sido planteada por familiares de personas desaparecidas. En julio de 2025, integrantes de Mariposas Buscando Corazones y Justicia, Hasta Encontrarles CDMX y Una Luz en el Camino presentaron una denuncia ante la Fiscalía capitalina y una queja ante la CDHCM por actos vejatorios contra cuerpos y restos humanos bajo resguardo del Estado. En aquel momento, Jaqueline Palmeros, madre buscadora e integrante de Una Luz en el Camino, dijo en entrevista que el Incifo requería una reestructuración institucional profunda y sostuvo que los compromisos forenses incluidos en la Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030 del gobierno de la morenista Clara Brugada debían comenzar con una depuración interna. Palmeros estuvo presente en la disculpa de este miércoles y volvió a colocar el señalamiento sobre las responsabilidades de los funcionarios involucrados por encima del acto protocolario. “La verdadera reparación nace de la justicia efectiva y la responsabilidad administrativa y penal de los servidores públicos involucrados”, sentenció. Una Luz en el Camino: “No hay disculpa que valga” Después del acto, el colectivo Una Luz en el Camino rechazó que la disculpa pública sea suficiente mientras no existan sanciones y exigió la destitución e investigación penal de Patricia Crespo, exdirectora del Incifo, y Andrés Oriol Morales, exsubdirector de Tanatología. “Los actos de perdón institucional deben ser el último paso de un proceso de reparación, no el primero”, sostuvo. El colectivo también acusó a la FGJCDMX de impedir y obstaculizar la ratificación de la denuncia penal y exigió sanciones por el maltrato, las burlas y el manejo irregular de restos humanos dentro del Incifo, así como por la donación no consentida de cuerpos a instituciones académicas. Además, cuestionó que Oriol Morales tenga prevista una participación como ponente el 2 de septiembre en una conferencia organizada por académicos y servidores públicos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pese a que, según el pronunciamiento, enfrenta denuncias penales y quejas activas por acoso, vejaciones y trato indigno a cuerpos.
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