LEY Y JUSTICIANacional
Senado listo para revisar iniciativa de adecuación a la reforma judicial
El panorama judicial en México se encuentra marcado por diversas tensiones entre los poderes locales y federales, así como por la implementación de la reforma judicial. En Tlaxcala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones de la Ley de Seguridad Pública local por invadir facultades federales y vulnerar derechos constitucionales. Paralelamente, en Baja California, la Consejería Jurídica de la Presidencia y la CNDH han interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, argumentando incongruencias con la reforma judicial federal, particularmente en temas de licencias y estructura administrativa. Por otro lado, la jueza Martha Magaña, quien otorgó una suspensión contra la reforma judicial, enfrenta un proceso ante el Tribunal de Disciplina Judicial, el cual ha calificado como una medida intimidatoria o "mordaza invisible" frente a la falta de acatamiento de sus resoluciones por parte de las autoridades.

Hechos
Lo que sostienen las fuentes, ordenado por cuántas lo respaldan.
6 AFIRMACIONES AGRUPADAS · ORDENADAS POR CORROBORACIÓN · ESCALA 0–1 FUENTES · EN PROCESO
6 AFIRMACIONES CON MENOS DE TRES FUENTES +
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La jueza quinta de Distrito en Morelos, Martha Magaña, otorgó una suspensión contra la reforma judicial en agosto de 2024.
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El Tribunal de Disciplina Judicial inició un expediente administrativo contra la jueza Martha Magaña, programando una comparecencia para el jueves.
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Se convocó a una movilización de apoyo para mañana a las 10:00 horas frente a las instalaciones del Tribunal de Disciplina Judicial.
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La Consejería Jurídica de la Presidencia y la CNDH presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California.
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Las acciones de inconstitucionalidad contra la ley local de Baja California fueron registradas ante la SCJN bajo los números 126/2026 y 127/2026.
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Se cuestionan los artículos 20, 24, 42, 43 y 216 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California.





