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Senadores y diputados de Morena piden que Guadalupe Taddei deje la presidencia del INE y plantean un juicio político por presuntas irregularidades y conflictos de interés, mientras la titular del orga
La permanencia de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta nuevas presiones políticas, luego de que senadores y diputados de Morena pidieran su renuncia y plantearan la posibilidad de iniciar un juicio político por señalamientos relacionados con presuntas irregularidades y conflictos de interés durante su gestión. Según información de La Jornada, los legisladores Alfonso Ramírez Cuéllar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Saúl Monreal consideraron que la consejera presidenta debe responder por los cuestionamientos que rodean al organismo. Las declaraciones se produjeron después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación de oficio sobre posibles anomalías en contrataciones del instituto. Taddei, por su parte, manifestó que no renunciará a la presidencia del INE. En una reunión con integrantes del Consejo General sostuvo que permanecer en el cargo es una forma de proteger a la institución, de acuerdo con reportes publicados el 24 de octubre. ¿Por qué Morena pide la renuncia de Guadalupe Taddei? Los legisladores que se pronunciaron por la salida de Taddei señalaron que las investigaciones deben avanzar y que, si se determinan responsabilidades, se apliquen las medidas previstas en la ley. El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, consideró que el Congreso podría recurrir al juicio político. Explicó que una resolución condenatoria puede derivar en la destitución de la funcionaria y en su posible inhabilitación para ocupar cargos públicos. El diputado también sostuvo que la eventual renuncia no sustituiría las investigaciones. Desde su perspectiva, las autoridades deben esclarecer los señalamientos y determinar si existen elementos para fincar responsabilidades. Por su parte, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirmó que la permanencia de Taddei genera cuestionamientos sobre la credibilidad del árbitro electoral de cara a los comicios de 2027. Además, adelantó que valoraba presentar un punto de acuerdo para solicitar que deje el cargo. El senador Saúl Monreal también se pronunció por su salida y sostuvo que las presuntas irregularidades deben investigarse para establecer si corresponde presentar denuncias y aplicar sanciones. Estas declaraciones representan las posturas de los legisladores. La existencia de señalamientos o de una investigación no demuestra, por sí misma, que la consejera presidenta haya cometido una falta. ¿Qué investiga la Auditoría Superior de la Federación en el INE? La presión sobre la titular del instituto aumentó después de que la ASF anunció una investigación de oficio por posibles irregularidades en diversas contrataciones del organismo electoral. Entre los aspectos mencionados por la auditoría se encuentran indicios de posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Las autoridades deberán revisar la documentación y los procedimientos correspondientes para determinar si existieron irregularidades y, en su caso, quiénes serían responsables. La investigación se relaciona con cuestionamientos sobre vínculos entre personas cercanas a la estructura directiva del INE y proveedores de materiales electorales. Taddei respondió que recibe con respeto la decisión de la ASF y afirmó que el instituto colaborará con las autoridades fiscalizadoras. También anunció la preparación de un micrositio para poner a disposición de la ciudadanía información sobre contrataciones, proveedores, montos y documentos relacionados con esos procesos. La consejera presidenta ha sostenido que los procedimientos deben revisarse conforme a derecho y que las responsabilidades tienen que establecerse a partir de pruebas y por las autoridades competentes. Por ahora, los señalamientos están sujetos a investigación. La determinación de posibles responsabilidades dependerá de los resultados de las revisiones y de los procedimientos legales correspondientes. ¿Qué es el juicio político y qué podría pasar con Taddei? El juicio político es un procedimiento previsto en la legislación mexicana para determinar si ciertos servidores públicos incurrieron en actos u omisiones que afecten gravemente los intereses públicos o el funcionamiento de las instituciones. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos contempla entre sus posibles consecuencias la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, cuando existe una resolución condenatoria. De acuerdo con la explicación de Ramírez Cuéllar, una denuncia debe presentarse ante la Cámara de Diputados. La Subcomisión de Examen Previo analiza si la persona denunciada puede ser sometida a este procedimiento y si existen elementos para darle trámite. La presentación de una denuncia no implica que el juicio político vaya a prosperar ni que la persona señalada sea responsable. El Congreso debe valorar los hechos y las pruebas conforme al marco legal. En este caso, los legisladores de Morena han planteado esa posibilidad, pero la exigencia pública de renuncia y el inicio de una investigación de la ASF son asuntos distintos del eventual desarrollo de un juicio político. Guadalupe Taddei afirma que no dejará la presidencia del INE Mientras algunos legisladores piden su salida, Taddei ha descartado renunciar. En una reunión virtual con integrantes del Consejo General comunicó que permanecerá en el cargo y argumentó que su decisión busca proteger al instituto. La consejera presidenta también ha defendido la revisión de los procesos de contratación y señalado que el organismo atenderá los requerimientos de las autoridades fiscalizadoras. La controversia se desarrolla antes de las elecciones federales de 2027, cuando el INE tendrá responsabilidades centrales en la organización de los comicios. Por ello, las exigencias de renuncia, las investigaciones y las respuestas de la funcionaria mantienen bajo escrutinio público a la institución. El desenlace dependerá de la evolución de las auditorías, de las pruebas que se presenten y de las decisiones que adopten las autoridades facultadas para investigar y, en su caso, sancionar. El Imparcial
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